NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 06 de Octubre de 2025, por Alberto Calderón (Agencia RN Noticias) .- A más de seis años de uno de los casos más graves de abuso policial en Tamaulipas, tres mujeres víctimas de tortura por parte de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano iniciaron este lunes una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, en protesta por la falta de respuesta del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya.

Las manifestantes, Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega, exigen el cumplimiento de la Recomendación 173VG/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ordena al Gobierno de Tamaulipas reparar de manera integral los daños ocasionados por las fuerzas estatales y garantizar acceso efectivo a la justicia.

Al respecto, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos Nuevo Laredo aseveró que -“ Las víctimas son personas de carne y hueso, son ciudadanos que en su momento emitieron un voto, son padres y madres de familia, son hijos, son residentes de Nuevo Laredo y de Tamaulipas, por lo tanto se les debe tratar con respeto, con dignidad, y se les debe atender precisamente en sus necesidades, en este caso la demanda de reparación integral. Adicionalmente hay que mencionarlo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le ha dado el puntual seguimiento a esta recomendación, ni tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por eso les estamos mencionando en este comunicado. De nada sirve que emitan una recomendación si no la cumplen las autoridades, de nada sirve que emitan una recomendación si las autoridades no le dan seguimiento, y no es posible que las víctimas tengan que arriesgar su vida, su integridad, para tener el derecho de audiencia, un derecho que ya fue debidamente formulado y sustentado jurídicamente”.

Las tres mujeres sobrevivieron a un operativo realizado el 5 de septiembre de 2019 en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, donde agentes del CAIET, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas. En ese momento, las autoridades del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca difundieron un comunicado asegurando que se trataba de un enfrentamiento con presuntos delincuentes, versión que fue desmentida por testimonios y videos difundidos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que demostraron la fabricación del operativo.

A pesar de que la CNDH acreditó tortura, uso excesivo de la fuerza y manipulación de la escena, el actual gobierno estatal no ha dado cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas, ni ha respondido a las solicitudes formales de audiencia enviadas por las víctimas y familiares desde septiembre de 2025, ni a las remitidas en 2024 y 2023.

Ramos Vázquez agregó que “ Entonces, vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, en tanto, insisto, tengamos el cumplimiento de estas tres demandas, la primera es la audiencia con el gobernador, la segunda es el cumplimiento de la recomendación en la parte de la reparación integral, y la tercera es la atención a las víctimas, porque cada víctima tiene una demanda en particular que hacer. Por ejemplo, el caso de la señora Casandra Treviño, hay que recordar que a ella le destruyeron su domicilio, donde fue la masacre, y hasta el momento no se la han reconstruido, la casa está en abandono. Entonces, cada una de las víctimas tiene una demanda que hacer a la autoridad, y no porque quieran, insisto, sino porque son parte de una recomendación”.

La omisión no es un caso aislado: al menos dos recomendaciones más de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas permanecen sin cumplirse. Una, la 06/2023, por tortura en el penal de Altamira, y otra, la 04/2022, por la detención arbitraria y violaciones a derechos de tres periodistas, entre ellos Gabriel Garza Flores, quien murió bajo custodia sin recibir atención médica.

Con su huelga de hambre, las tres sobrevivientes buscan que el gobierno estatal asuma su responsabilidad en los hechos y dé cumplimiento a los compromisos internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, la falta de respuesta del gobernador Villarreal Anaya mantiene abierta una herida que, seis años después, sigue siendo símbolo de impunidad en Tamaulipas.