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La propuesta plantea que ya no se puedan otorgar suspensiones a empresas o personas que buscan mantener permisos o concesiones que ya fueron cancelados
CIUDAD DE MÉXICO 16 de Septiembre del 2025 (RN Noticias) con información de HERALDO DE MÉXICO.- El gobierno federal envió al Senado una iniciativa para cambiar la forma en que funciona el juicio de amparo en México
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este proyecto con la intención de que ya no se utilicen los amparos como herramienta para frenar decisiones de la autoridad cuando éstas tocan temas de interés público
La propuesta plantea que ya no se puedan otorgar suspensiones a empresas o personas que buscan mantener permisos o concesiones que ya fueron cancelados o que nunca tuvieron legalmente
Otro punto clave es que tampoco podrán usarse los amparos para desbloquear cuentas bancarias cuando la Unidad de Inteligencia Financiera las haya congelado por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al crimen
La iniciativa también busca que los juicios sean más rápidos y que los jueces tengan plazos fijos para resolver, con la idea de evitar que se alarguen los procesos con tácticas legales que solo sirven para ganar tiempo
Se abre además la puerta a que los trámites de amparo se puedan llevar a cabo por medios electrónicos, desde notificaciones hasta presentación de documentos, lo que haría más ágil el proceso y menos costoso para quienes lo usan
Otro cambio es que, incluso si se concede una suspensión, deberá garantizarse que las personas puedan seguir pagando cosas esenciales como alimentos, salarios, vivienda o créditos básicos
En materia fiscal, se limita la posibilidad de usar amparos para retrasar el pago de deudas firmes con el fisco, aunque se mantiene la opción de recurrir a esta vía cuando se llegue a la etapa final de un embargo o cobro
La propuesta también introduce reglas para evitar que se presenten recusaciones o recursos que solo buscan retrasar los juicios, cerrando espacios al uso abusivo de estas herramientas
En resumen, el gobierno quiere que el amparo siga siendo una vía de defensa de los derechos, pero que ya no funcione como un escudo para actividades ilegales o para alargar procesos que afectan al interés público.
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