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Van contra las escuelas ‘patito’

La comisión permanente del congreso avaló una iniciativa para castigar con hasta seis años de prisión a quien ofrezca servicios educativos sin contar con validez oficial

CIUDAD VICTORIA a 05 de Agosto del 2021 (RN Noticias) con información de Expreso.- Los diputados del Congreso de Tamaulipas, propusieron una sanción de 3 a 6 años de prisión a quien, sin contar con validez oficial, preste servicios educativos.

Ello, al analizar la iniciativa propuesta por la diputada de Morena, Edna Rivera López, que se declaró procedente, con la que se pretende reformas al Código Penal de Tamaulipas, para castigar a las escuelas “patito”, que ofrecen servicios educativos sin contar con validación oficial.

El diputado Eliud Oziel Almaguer Aldape , señaló que esta situación de escuelas que operan de manera irregular, representan una problemática, toda vez que, “en muchas ocasiones, los usuarios de las escuelas, ignoran que dichas instituciones carecen de reconocimiento y validez oficial”, lo que les repercute, al tratar de incorporarse al mundo laboral.

Por lo que sugirió unas modificaciones a la propuesta original, que proponía sanciones únicamente a los funcionarios que ofrecían esta educación sin validez oficial; proponiendo establecer que se trate de un delito perseguido de oficio.

Se propone que el capítulo sexto, “impartición ilícita de educación”, artículo 189 Ter, “al que preste servicios educativos conforme a la ley lo refiere sin autorización o validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá una sanción de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor de la UMA”.

Si interviene un servidor público en la comisión del delito, se aumenta de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito cometido y se le impondrá además la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que se solicitó a los servicios parlamentarios del Congreso, elaborar el proyecto de dictamen, con las consideraciones expuestas, para someterlo a votación del pleno del Congreso local.

 

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