Los que vivimos procesos electorales anteriores a 1988, incluido el de ese año, sabemos cómo se la gastaba el partido en el poder, el PRI.
Embestida oficial contra el INE
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Raúl Hernández Moreno
Los que vivimos procesos electorales anteriores a 1988, incluido el de ese año, sabemos cómo se la gastaba el partido en el poder, el PRI.
La Secretaría de Gobernación tenía a su cargo la organización de las elecciones y como funcionarios de los órganos electorales y de las casillas, solía designarse a funcionarios de los tres niveles de gobierno y a líderes de los sectores y organizaciones del PRI. Como si todo eso fuese poco, el ejército intervenía a favor del partido oficial y reprimía a los opositores.
En alguna ocasión a Bruno Álvarez le tocó recibir un culatazo en el estomago que le propinó con su arma larga un soldado, como colofón de una protesta. A Rafael Orozco, el ejército lo denunció de manera formal en los tribunales.
Con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, los procesos electorales han cambiado en cada nueva contienda, desde la ciudadanización de los funcionarios de casillas, tarjetas de elector cada vez más difíciles de clonar, padrones más completos, topes a los gastos de campaña, plazos determinados a las pre-campañas y campañas, tiempos oficiales en radio y televisión, medios de impugnación, tribunales electorales de segunda instancia y un largo etcétera.
Todo lo avanzado en estos 31 años y meses, de pronto parecieran estar en riesgo con la embestida del gobierno federal en contra del Instituto Nacional Electoral y sus consejeros, emprendida desde el inicio del sexenio.
Con el tema de la revocación, el gobierno federal emplea argumentos que suenan ridículos para demandar al INE que ahorre en sus gastos. Uno de esos es en el sentido de que mientras los consejeros ganan 262 mil pesos mensuales, un trabajador promedio del organismo gana menos de 8 mil pesos. Si fuese un argumento válido, se aplicaría a cualquier oficina del gobierno, los titulares ganan mucho más que un trabajador.
Con el plan de austeridad propuesto por el gobierno, en apariencia el INE obtendría una bolsa de 2,972 millones de pesos, muy por encima de los 1,730 millones que el organismo solicita para poder hacer la consulta de revocación.
Además, de proponer ajustes a los salarios, el gobierno suguiere reducir gastos operativos que van desde celulares, combustibles, arrendamientos, viáticos, pasajes, bienes informáticos. No especifica cuánto se ahorraría en cada rubro, pero pareciera que la propuesta va en el sentido de comunicarse con señales de humo, en vez de celulares; moverse en al transporte público, en vez de unidades al servicio del organismo; quedarse a dormir en la calles, en vez de un hotel, cuando se viaja a otra ciudad; que los funcionarios no reciban sueldo; y así por el estilo.
Ciertamente estamos lejos de tener un sistema electoral perfecto, pero el INE debe prevalecer y debe seguir siendo un organismo autónomo. Si se requieren reformas y ajustes, para eso están los legisladores que son los que aprueban las leyes a las cuales debe sujetarse el INE. Cada uno de los funcionarios y trabajadores del INE realiza una función que está respaldada en la ley. Qué no se confundan quienes quieren hacer creer que el INE actúa a capricho.