México es un país con libertad de conciencia y de religión. Ambas libertades están protegidas por el artículo 24 de la Constitución de 1917, que a la letra dice:
INTOLERANCIA RELIGIOSA, ¿OTRA VEZ CHIAPAS?
Armando Maya Castro
México es un país con libertad de conciencia y de religión. Ambas libertades están protegidas por el artículo 24 de la Constitución de 1917, que a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.”
La ley en comento es buena, como también lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 18 establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
A pesar de la bondad de estas leyes, la discriminación por motivos religiosos sigue siendo el pan nuestro de cada día, y se encuentra presente en todo lugar y en todos los ámbitos de la vida.
Esto ocurre porque la libertad religiosa sigue sin ser respetada por quienes piensan que las iglesias evangélicas no tienen derecho a existir. No faltan leyes, lo que falta es una cultura de respeto a la diversidad.
A pesar de esta dolorosa realidad, existen personas que afirman, sin sustento alguno, que la intolerancia religiosa es un problema que México ha logrado superar, incluso en Chiapas, el estado más fructífero en casos de intolerancia desde 1966: más de 34 mil chamulas han sido expulsados por razones religiosas en la zona conocida como Los Altos de Chiapas, afirma el sociólogo Roberto Blancarte.
Disiento en lo personal de quienes piensan que el problema está resuelto, ya que la discriminación y la intolerancia por motivos de credo siguen ocurriendo en varias partes del territorio mexicano.
Una clara prueba de que el problema no se ha resuelto es lo ocurrido el pasado 20 de agosto en Chiapas. Ese día, de acuerdo con un texto periodístico de Milenio, católicos tradicionales retuvieron en el municipio de Simojovel al pastor Gilberto Díaz Pérez de la Iglesia presbiteriana, amenazándole con prenderle fuego si no pagaba una multa económica.
Lo peor de todo no es el caso de intolerancia religiosa, sino el desinterés de las autoridades, a las que poco les importa el miedo y el dolor de las víctimas. Pongo como ejemplo las declaraciones que sobre el caso antes mencionado hiciera Julián Hernandez Moreno, presidente de la Asamblea Nacional Presbiteriana:
“Nos preocupa la falta de interés de los diferentes órdenes de gobierno y de las instituciones para solucionar la problemática conforme al estado de derecho y hacer válido los derechos humanos”.
El problema ahí está, también la ley, pero falta la aplicación de ésta a los infractores, para evitar que atropellos de esta naturaleza queden en la más vergonzosa impunidad.
Afortunadamente, el pastor presbiteriano ya quedó en libertad, pero el atropello se acumula a las penosas cifras de intolerancia religiosa en ese estado del sureste de México.