Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de El Salvador a respetar los derechos humanos en la guerra contra las pandillas salvadoreñas, un tema polémico, acerca del cual ha corrido mucha tinta.
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
Por Armando Maya Castro
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de El Salvador a respetar los derechos humanos en la guerra contra las pandillas salvadoreñas, un tema polémico, acerca del cual ha corrido mucha tinta.
La exigencia de la CIDH busca que se restablezcan los derechos suspendidos desde el mes de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, instalado por el gobierno de Nayib Bukele como medida de protección para proteger a la ciudadanía de ese país.
El régimen de excepción en El Salvador suspendió las garantías constitucionales tras una serie de asesinatos atribuidos a las pandillas, en especial a la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, los dos principales grupos criminales de ese país, que a su vez son las más violentas y temibles del continente americano.
De todos es sabido que estas pandillas criminales sembraron por décadas el terror en muchas ciudades y pueblos salvadoreños. Sus actividades, aparte del comercio de drogas ilegales adictivas, son el contrabando de armas, el secuestro y extorsión, así como la violación, el robo y los asesinatos por encargo.
A pesar de los antecedentes criminales de las pandillas de El Salvador, diversas organizaciones humanitarias han criticado enérgicamente el supuesto autoritarismo y las acciones del gobierno de Bukele, además de denunciar múltiples abusos a los derechos humanos. En junio del año pasado, Amnistía Internacional presentó un informe en el que documentó decenas de casos que demuestran "violaciones masivas de derechos humanos".
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló en junio de 2022: “Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”.
Y añadió la representante del citado organismo: “Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza”.
Para los partidarios de Bukele sus logros en materia de seguridad son un éxito incuestionable, y califican como obsesión enfermiza la postura de las personas y grupos que califican al presidente como “violador de derechos”.
Este régimen de excepción severamente criticado ha logrado reducir los homicidios en El Salvador de manera significativa. Bukele y sus colaboradores han dicho en más de una ocasión que su país es el más seguro de América Latina, al tiempo de presumir sus históricos resultados: la detención de más de 64 mil criminales desde el comienzo del estado de excepción, el cual alcanzó el pasado 27 de marzo un año con la nueva prórroga.
Para los admiradores de su política gubernamental de seguridad, las críticas por la mega cárcel con capacidad para 40 mil reclusos, así como por su forma de proteger a la población,
no tienen razón de ser. Ellos piden que se tomen en cuenta los resultados de su trabajo, así como el respeto que Bukele se ha ganado entre la mayoría de los salvadoreños.
Twitter: @armaycastro