La medianoche del pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la segunda parte del polémico “plan B” de reforma electoral. Al día siguiente, conforme establece la ley, las modificaciones entraron en vigor.
EL “PLAN B” ELECTORAL
Por Armando Maya Castro
La medianoche del pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la segunda parte del polémico “plan B” de reforma electoral. Al día siguiente, conforme establece la ley, las modificaciones entraron en vigor.
Se trata de las últimas cuatro reformas en materia electoral, cuyo contenido contempla una importante reducción de los salarios del Instituto Nacional Electoral (INE), recorte del personal de la institución, así como la eliminación de la Secretaría Ejecutiva y la desaparición de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, responsables de preparar, organizar y celebrar las elecciones.
La promulgación del decreto, aparte de agudizar la vieja confrontación entre AMLO y el órgano electoral, ha puesto sobre la mesa temas como la salud de la democracia, así como el fin de los privilegios de los consejeros electorales.
En el enfrentamiento en cuestión ha habido descalificaciones y ofensas de todo tipo, tanto de una parte como de la otra. Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) calificó la reforma como “tóxica, regresiva, perversa y antidemocrática”. Lorenzo Córdova Vianello, aún consejero presidente del INE, afirmó que es “peligrosísima” y “demencial”, un adjetivo del que se ocupó en su columna “Astillero” Julio Hernández López, el pasado 1 de marzo. El periodista de La Jornada dijo que si pudiera probar la demencia del presidente y de quienes participaron en la elaboración de la reforma, “procedería que Córdova promoviera alguna acción para deponer a tales personajes que considera tan lesivos, una especie de golpe de Estado por razones médicas”.
Córdova Vianello ha señalado en diversos espacios que la reforma “pretende erosionar las garantías constitucionales que permiten las elecciones libres y pondría en riesgo el voto ciudadano en libertad”.
Para Morena y los creadores de la reforma, se trata no de un ataque a la democracia de México, sino de la reducción de privilegios de los altos funcionarios del INE, cuyos elevados salarios han sido calificados como un insulto para el pueblo de México.
En medio de los dimes y diretes, que en muchos de los casos desinforman a la población en lugar de informarla, algunos partidos políticos han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varias acciones de inconstitucionalidad, impugnando a través de ellas el Plan B de reforma electoral, por ser supuestamente contraria a la Constitución.
El consejero presidente del INE está convencido de que el Plan B “no logrará pasar su prueba ante tribunales como resultado de las impugnaciones que se han presentado desde diversos sectores”.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, invitado a la conferencia matutina del pasado viernes por López Obrador, explicó en dicho espacio: “Básicamente lo que la reforma en las otras leyes contiene es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral”. Añadió que las modificaciones a las leyes secundarias no quitan facultades al Instituto Nacional Electoral, ni afecta a conteos rápidos.
En mi opinión, las protestas de los ciudadanos de a pie son resultado de acciones de politización y desinformación, lo que seguramente continuará por el mismo sendero en los próximos días, en tanto que la SCJN resuelve por bien de México las impugnaciones.
Twitter: @armayacastro