NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 13 de Octubre de 2025, por Alberto Calderón (Agencia RN Noticias) .- A casi tres años de la masacre de Smart Zapata, en Nuevo Laredo, las familias de las cinco víctimas exigen justicia ante el nuevo aplazamiento del juicio contra los militares implicados. El proceso, programado para iniciar el 11 de mayo de 2026, ha estado marcado por demoras, cambios de jueces y trabas institucionales que han prolongado la espera de los afectados.

José Roberto Puente Martínez, abogado de las familias de las víctimas señaló “Queremos que en la Ciudad de México, tanto el Presidente del Supremo Tribunal como la Presidenta, pues sepan lo que se está ocasionando aquí. El tipo de delito que es homicidio es lo más grave aquí en México. Y es lo que no queremos que el juicio se vea un poco opacado con la incertidumbre de qué va a pasar. Entonces queremos que se pueda programar con menos tiempo y con otro juez.”.

De los 16 elementos del Ejército detenidos, sólo siete enfrentarán cargos por homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2023, cuando los jóvenes Edgar Chavarría, Alex Blucha, José Ángel Moreno, Jorge Colector y José Isabel Rivera fueron detenidos y ejecutados extrajudicialmente frente a la tienda Smart Zapata.

Por su parte, Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de Alex Blucha Pérez, una de las víctimas de la masacre, manifestó “ no estoy conforme con la fecha que se nos está dando, ya en el 2026 ya van a ser tres años, tres años esperando justicia, tres años de trabas, tres años de piedras en el camino donde estamos olvidados de la presidenta, de la justicia, de todos, ¿por qué?, porque se nos están aplazando las fechas, entonces después de tres años, ¿qué va a pasar en esos tres años si ellos deciden, los elementos que están allá en México arraigados, porque no están detenidos, están arraigados, ellos están disfrutando, ellos están gozando, ellos aun así siguen pidiendo más beneficios”.

Un video difundido por Univisión desmintió la versión oficial de un enfrentamiento armado, confirmando la ejecución.

Inés Vega, madre de José Isabel Rivera Vega, otra de las víctimas de la masacre, aseveró “ Yo pido justicia para mi hijo, porque yo lo vi ahí, cuando él daba vueltas, le quitaron la vida a mi hijo. Pónganse en mis zapatos el dolor que traigo adentro, que esto no se acaba. Hay muchas pruebas, hay muchos videos que yo veo y me duele. Mi hijo no era un animal, mi hijo me lo arrebataron, me lo asesinaron. Y ahora pido justicia, la señora presidenta de México, que nos hagan caso. Ya van a ser tres años y hay muchas pruebas ”.

Las audiencias se realizarán en Reynosa, lo que representa un gasto adicional para las familias, que piden que el juicio se lleve a cabo en Nuevo Laredo. Representantes legales acusan al Poder Judicial Federal de mantener un proceso lento e insensible ante el dolor de las víctimas.

Edgar Netro Acuña, otro de los abogados de las familias de las víctimas enfatizó que “el 18 de mayo del 2023 a las dos y media de la tarde aquí sucedió un homicidio. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinaron a cinco personas. Nos señalaron fecha para el 11 de mayo del 2026. Tres años después. La tan trillada frase que la justicia debe ser pronta y expedita no es cierta, porque todavía sabemos nosotros como abogados que falta, después de acabado el juicio sigue la apelación y el amparo directo que es muy posible que van a interponer estos militares. Estamos hablando de un proceso de más de dos años. Si sumamos estos tres años, estamos hablando de cinco años o más en donde la justicia no llega para estas víctimas, para estas familias. Por eso necesitamos que seamos escuchados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Porque también hay un detalle muy importante. El juicio se va a llevar a cabo en la ciudad de Reynosa. Esto implica gastos económicos para las víctimas, para trasladarse al lugar del juicio. Pedimos que en nuestra ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se instale un centro de justicia penal federal para que las víctimas no tengan que erogar gastos económicos propios para pedir justicia, sino que ésta llegue como debe de ser, simple y llana ”.

Organismos internacionales han señalado este caso como un ejemplo de impunidad militar y del riesgo de la militarización de la seguridad pública. Sin reparación del daño, sin sentencias firmes y con los acusados en libertad, las familias mantienen viva su exigencia: justicia para sus hijos y castigo para los responsables.